El Ministerio de Sanidad continúa sin aceptar los ámbitos de negociación establecidos por la ley, obviando para estos efectos a los interlocutores sociales. FSP-UGT denuncia la política de hechos consumados -y además completamente fuera de la legalidad- del Ministerio de Ana Mato, que ha hecho uso de una trasposición de una directiva (de Farmacovigilancia) para un fin que no corresponde.

El Partido Popular no aceptó enmiendas a la Ley de Farmacovigilancia en relación a sus tres disposiciones finales, que son normativa básica y por tanto de obligada negociación con las organizaciones sindicales. FSP-UGT quiere poner de relieve que el incumplimiento por parte del Gobierno del procedimiento legalmente establecido en materia de negociación y consulta podría suponer la nulidad de pleno derecho de estas disposiciones.

FSP-UGT denuncia que la disposición final 5ª de la Ley de Farmarcovigilancia crea una nueva situación administrativa para el personal estatutario que el sindicato no comparte y que induce a la proliferación de nuevas formas de gestión y de prestación de sanidad pública a través de formas organizativas propias de la gestión privada.

La disposición final 6ª establece arbitrariamente un tiempo máximo de dos años y medio para la formación troncal.

En cuanto a la disposición final 7ª, sobre el ejercicio de la actividad de los odontólogos y de otros profesionales de la salud dental, FSP-UGT reclama una justificación y la posibilidad de que los colectivos afectados conozcan la propuesta y puedan expresarse en relación a la misma.