La reforma del sector eléctrico del Gobierno, aprobada en Consejo de Ministros, penaliza de nuevo al ciudadano, que tendrá que pagar más recibo de la luz y supone menos inversión por parte de las empresas del sector, lo que puede provocar problemas en la distribución de la electricidad. Esta reforma, adoptada sin consenso, será una piedra más en el camino de la recuperación económica.

La reforma del sector eléctrico planteada por el Gobierno llega en el peor momento ya que, en un contexto de profunda crisis donde no mejora la actividad económica, va a suponer un aumento de precios para los consumidores y menor inversión por parte de las empresas del sector.

A falta de un análisis más sosegado sobre los distintos textos analizados y aprobados por el Consejo de Ministros, si parecen claras algunas cuestiones que van a repercutir muy negativamente a corto y medio plazo sobre el consumo y la inversión, los dos componentes básicos de la actividad económica, y va por tanto a introducir una piedra más en el camino de la necesaria recuperación.

El Gobierno pretende hacer recaer básicamente en los consumidores (empresas y personas) y en las empresas del sector la reducción del déficit estructural de la tarifa eléctrica, situado en el entorno de los 4.000 millones de euros anuales, con un déficit acumulado de más de 26.000 millones de euros (prácticamente 3 puntos de nuestro PIB), lo que sin duda es un enorme problema no sólo para el sector eléctrico sino para el conjunto de la economía.

El incremento del recibo a los consumidores tendrá un efecto inmediato sobre los precios, aumentará el coste de la energía para la producción y reducirá el poder de compra de los ciudadanos, todas ellas cuestiones muy negativas especialmente en nuestra situación económica actual.

Por otra parte, los recortes a los operadores, dejarán menor margen para la inversión de éstos y puede provocar incluso problemas en el funcionamiento adecuado de la distribución de electricidad.

UGT considera un error del Gobierno la forma en que se ha tratado esta cuestión de fundamental importancia para el futuro de nuestro modelo productivo, ya que la falta de transparencia ha impedido un debate público sosegado y ha situado innecesariamente la cuestión en un debate de intereses cuando es éste un aspecto central para nuestro futuro. Además, el Gobierno ha incumplido el compromiso de consultar a los interlocutores sociales.