Javier Valenzuela, Secretario General de la Federación de Servicios Públicos quiere manifestar lo siguiente:
Sr. Miranda, hemos visto como después de sus declaraciones en los medios tanto escritos como audiovisuales, la parte social no ha dudado en criticar sus infamias hacia los Empleados Públicos. Desde UGT, hemos analizado en profundidad dicho tema, ya que no hemos querido como UD ha hecho, salir precipitadamente al ruedo, sin contar con la información necesaria, que es el principio de todo acto.
Dichas manifestaciones, efectuadas por un cargo político (en funciones), sobre el trabajo realizado por los funcionarios de Intervención, ha creado un gran malestar entre este colectivo y en general entre todos los empleados públicos, por lo que le recordamos lo que ningún político debería perder de vista en el ejercicio de sus cargos, ya que a fin de cuentas, son ustedes aves de paso.
La actuación de los funcionarios, (todos) se rige por lo dispuesto en el Capítulo VI (Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta) del E.B.E.P, en sus artículos 52-53 y 54. Entre los muchos principios que estamos obligados a cumplir y que debemos de aplicar en nuestro trabajo diario, están y U.G.T, quiere destacarlos: LA RESPONSABILIDAD, LA TRASPARENCIA, LA AUSTERIDAD Y LA HONRADEZ. Estos principios son la garantía del buen trabajo y la confirmación de que el funcionario trabaja para todos, sin ningún tipo de condicionante ni de mandato interesado que suele beneficiar a uno pocos, (siempre los mismos). U.G.T, pide a los responsables políticos que sean reflexivos y coherentes en sus declaraciones y en su opinar, sobre el trabajo realizado por funcionarios de la CAM. El político, en sus declaraciones, debe ser consecuente en sus ofrecimientos o promesas y recordar a los colectivos o personas a los que van dirigidas estas promesas, que existe una obligación y un ordenamiento legal que hay que cumplir y que existe un procedimiento que hay que aplicar. El político sabe que hay personas y personajes que van a utilizar todo lo dicho y cualquier opinión para sacar rédito y poder presionar al funcionario, con el único fin de lograr lo prometido y acordado. Las promesas del político no pueden ser la justificación o el argumento para que ciertos personajes intenten imponer un mal funcionamiento en la Administración cueste lo que cueste.
Por último recordar que el funcionario actúa siempre en observación de la Constitución y del ordenamiento jurídico. Pretender lo contrario es invertir y engañar a la sociedad a la que nos debemos, que son los que verdaderamente lo necesitan. Si en el cumplimiento de sus obligaciones algún funcionario se siente presionado o extorsionado, por parte de los políticos de turno, contarán con todo el apoyo y la cobertura que sea necesaria, ahora y en cualquier momento por parte de U.G.T.
