El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha manifestado que “no vamos a permitir que ningún solo convenio en nuestro país no cumpla su función de proteger y regular los derechos de los trabajadores” y que el sindicato ha iniciado una campaña para informar, asesorar y ayudar a los trabajadores para que esto no suceda.

En este sentido, ha afirmado que aunque en apenas dos meses se ha avanzado mucho (gracias a la presión sindical y al acuerdo alcanzado el 23 de mayo con la patronal emplazando a la negociación) y se ha pasado de más de 3 millones de trabajadores afectados por el fin de la ultraactividad de sus convenios, a un 1.300.000, trabajadores, gran parte de ellos, unos 600.000 permanecen sujetos a una actitud empresarial que trata de aprovechar de manera “ventajista” el desequilibrio de las relaciones laborales, introducido por la reforma laboral.

Ferrer ha enviado un mensaje a estos empresarios: “aunque un convenio haya perdido su vigencia el deber de negociar subsiste, el negociar de buena fe”, tal y como reconoce el propio Estatuto de los Trabajadores. Por eso, la negativa empresarial a esta situación conllevará respuestas sindicales (movilizaciones, asambleas, huelgas) y respuestas jurídicas, habrá numerosos pleitos denunciando que no cumplen con su deber de negociar; “no hay que olvidar- ha dicho- que el derecho a la negociación colectiva es un derecho constitucional”

Ferrer- que ha hecho estas declaraciones en la presentación del análisis de UGT sobre la evolución de la negociación colectiva y la ultraactividad de los convenios- ha advertido al Gobierno que no se lave las manos en esta materia porque tiene responsabilidades: debe corregir el límite a la ultraactividad, impuesta por la reforma laboral y hacer entender que la negociación colectiva es verdaderamente autónoma (aunque ahora lo dice, no lo hacía así en febrero y julio del año anterior, cuando vulneró el derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical). Y es que nuestro sistema de relaciones laborales no será eficiente, ni contribuirá a la mejora de la productividad de la empresa y a la cohesión social si persiste una situación de desequilibrio entre los empresarios y los trabajadores.

En este sentido, ha resaltado que los efectos de la crisis y de la reforma laboral se traducen en menos cobertura de la negociación colectiva y una devaluación salarial creciente, algo que está perjudicando a nuestra economía y al empleo.

 

Asimismo, ha emplazado a la patronal a que se reconozca en todos los convenios un derecho supletorio que evite los vacíos de cobertura. Así, los convenios sectoriales estatales deben actuar como un elemento protector y regulador de los convenios del ámbito territorial y de empresa, donde se están produciendo más vacíos de cobertura.