El Gobierno está debilitando los Servicios Públicos de Empleo (desaparecen 3.000 orientadores y promotores, se recortan las políticas activas de empleo en casi 2.000 millones este año) mientras inyecta dinero a las Agencias Privadas de Colocación (percibirán 66 millones en un plazo de cuatro años). Estas agencias cobran un dinero por colocar parados, pero también solo por atenderlos y, además, facturan por las denuncias al desempleado, siempre que esta denuncia lleve aparejada la sanción o suspensión de la prestación por desempleo de ese parado. 

No ha habido sorpresas. Desde hace un par de días varios medios de comunicación han venido adelantando las intenciones del Gobierno en cuanto al gasto presupuestario para 2014. El Ejecutivo de Rajoy sigue empeñado en castigar a los empleados públicos, manteniendo una congelación salarial vigente desde 2010. La ausencia de incremento retributivo durante cuatro ejercicios consecutivos, los recortes salariales y la supresión de una paga extraordinaria en 2012 suman una pérdida del 23% del poder adquisitivo de los empleados públicos.

La Unión Europea ha elaborado un informe sobre el fraude fiscal en el IVA, del que se desprende que los Estados de la Unión dejan de ingresar casi 200.000 millones de euros al año por este impuesto. 

Con respecto a España, el estudio indica que entre 2008 y 2011 se han perdido 65.000 millones de euros, unos 15.900 millones anuales, los cuales no sólo representan el 1,4% del PIB, sino también el importe del primer gran recorte que sufrimos a causa de esta crisis haya por el año 2010, o la cantidad que el año pasado se les recortó a las Comunidades Autónomas (responsables del gasto en educación y sanidad). 

El Gobierno ha convocado Mesa de Función Pública. Como viene siendo costumbre, la prensa ha conocido antes que los sindicatos representativos del sector público la intención del Gobierno de abonar ambas pagas extra pero de congelar los salarios. Esta nueva congelación salarial para el 2014 supone ya casi un 25% de pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. Tampoco habrá tasa de reposición, que se traducirá en una nueva sangría para el empleo.

FSP-UGT ya ha advertido de que no es la primera vez que el Gobierno obvia a los representantes de los trabajadores en cuestiones que les atañen directamente y avanza medidas de este calado a través de los medios de comunicación.

Ante la situación en la que se encuentra la I+D+i en estos momentos en el país y el  inminente proceso de elaboración de los Presupuestos Generales de Investigación  para el año 2014, con un horizonte anunciado de mejora presupuestaria, el colectivo Carta por la Ciencia se ha dirigido esta semana a todos los partidos del arco parlamentario para solicitarles una reunión urgente con el fin de hacerles llegar nuestra visión de las medidas más urgentes e indispensables a adoptar en estos presupuestos con el objetivo de alcanzar unos niveles mínimos que permitan preservar la competitividad del sector de la I+D tan castigado en los últimos años. Las propuestas que esperamos que tanto el gobierno como los partidos políticos puedan incorporar a sus iniciativas en torno al próximo debate de los presupuestos son las siguientes: