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Un grupo de expertos designados por sindicatos, patronal y Gobierno evaluarán en un mes el alcance del fallo
"Una nueva legislación no va a poder cambiar las repercusiones que las sentencias de la UE tienen para los trabajadores y los derechos, a los que hubiere lugar como consecuencia de ello, se van a tener que pagar, al margen del informe de los expertos" que designarán sindicatos, patronal y gobierno para evaluar el alcance de las sentencias, ha señalado el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, al término de la reunión que ha mantenido en el Ministerio de Empleo. "Son derechos de los trabajadores", ha añadido, "otra cosa sería que voluntariamente, por un cambio de legislación, las empresas o la propia administración pague o adelante las consecuencias de la no aplicación de la legislación europea".
Leer más: LOS TRABAJADORES TIENEN QUE ACCEDER A LOS DERECHOS QUE LES OTORGA LA SENTENCIA DE LA UE
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El Tribunal Superior de Justicia de la UE ha desautorizado la actual legislación española en referencia a los contratos de duración determinada y ha dictado una serie de sentencias que obligan al Gobierno español a evitar las discriminaciones de los trabajadores temporales respecto a los indefinidos. Estas sentencias son de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, y de obligada aplicación para los tribunales de todos los países y mejora las condiciones de los trabajadores en peor situación. No caben, por tanto, interpretaciones erróneas o interesadas de la norma europea. UGT pide adecuar la redacción del Estatuto de los Trabajadores a lo que dicta el Tribunal Europeo. Especialmente relevante es la sentencia que reconoce el derecho de los contratos temporales a recibir una indemnización por despido similar a la que reciben los contratos indefinidos.
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UGT ha criticado que el Gobierno en funciones haya decidido adelantar cuatro meses el cierre del presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias para complacer las exigencias dictadas por la Comisión Europea. Una vez más, el Gobierno del PP en funciones decide en solitario qué gastos son o no son prioritarios, haciendo primar la austeridad sobre la correcta aplicación del presupuesto destinado a suministros, contratos y servicios de los ministerios.
UGT alerta de la posibilidad de que el Gobierno interino continúe recortando y aprobando reales decretos en solitario (como hizo hace apenas una semana en relación al RD que regula la aplicación de las reválidas de la LOMCE). El método de aplicar la tijera unilateralmente -sin un plan racional y de consenso- sobre las Administraciones públicas y sus trabajadores está reduciendo la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.
Leer más: UGT PIDE AL FUTURO GOBIERNO QUE NO USE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA REDUCIR EL DÉFICIT
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La Unión General de Trabajadores reclama la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que fue innecesaria y desequilibrada y que introdujo restricciones a la política económica que pueden afectar a la cohesión social y a las capacidades de desarrollo del país. Además, es necesario introducir en el texto constitucional un compromiso de gasto social destinado a financiar los servicios públicos fundamentales y aumentar progresivamente este gasto para acercarnos a los países de la UE.
La última reforma constitucional ha servido para abrir el debate sobre la necesidad de blindar constitucionalmente las partidas de gasto esenciales para sostener el Estado de Bienestar, para que la adecuación de las administraciones públicas al principio de estabilidad presupuestaria no pueda en ningún caso derivar en el desmantelamiento de los sistemas de protección social.
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El Gobierno en funciones ha anunciado que los salarios públicos crecerán un 1%
en 2017 en caso de que se forme Gobierno a tiempo de elaborar los Presupuestos. De lo contrario se prorrogarían y, según declaraciones de Javier Maroto, habría unos ciudadanos -funcionarios y pensionistas, con una previsión de crecimiento del 0,25% en este último caso- que “pagarían las consecuencias” de que no se forme Gobierno.
En primer lugar, nos parece reprobable que el Gobierno en funciones trate de presionar a los demás partidos políticos para propiciar un Ejecutivo presidido por Rajoy, utilizando de nuevo al conjunto de empleados públicos y pensionistas como moneda de cambio, es decir, condicionando un incremento salarial -que juzgamos insuficiente- a la premura con que se forme Gobierno.
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